Denuncian niveles de contaminación superiores a los de Chernobyl y anuncian acciones legales para exigir el cumplimiento de la normativa nacional e internacional sobre almacenamiento de material radiactivo
 |
| Baño en Palomares del ministro de Información y Turismo de la época, Manuel Fraga Iribarne. |
EUROPA PRESS / 16·01·2015
Ecologistas en Acción ha impulsado una petición de firmas para exigir a los gobiernos de España y Estados Unidos que acometan «de una vez» la limpieza y descontaminación de la tierra contaminada con plutonio en la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora, como consecuencia de accidente registrado en 1966 entre un bombardero B52 y un avión cisterna, y que provocó la caída de cuatro bombas atómicas sobre la zona.
«Evitar la exposición radiactiva de Palomares exige actuaciones de limpieza y descontaminación ineludibles, y el Gobierno no puede eludir su responsabilidad para proteger a la población», indica el colectivo, que ha colgado la petición en la plataforma www.change.org coincidiendo con el cuadragésimo noveno aniversario del siniestro, que tendrá lugar este sábado.
Según remarca la organización, la «mayor parte» del plutonio radiactivo procedente de las bombas atómicas «continúa esparcido por la zona», excepto el «tres por ciento que se llevaron los norteamericanos en 1966», y señala que, tras «comprobar la falta de interés del Gobierno» por esta cuestión, ha decidido iniciar acciones legales para exigir que se cumpla la normativa nacional e internacional sobre almacenamiento de material radiactivo.
«No es legalmente posible mantener al aire libre medio kilo de Plutonio al alcance de cualquiera, y ya nos hemos mantenido expectantes durante estos años ante las falsas esperanzas de traslado del plutonio a EEUU, mientras que un informe del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) enviado al Congreso de los Diputados habla de peligro para la salud pública el permitir el uso agrícola o urbanístico en las tierras contaminadas, que no fueron cercadas hasta años después».
Para Ecologistas en Acción, la medida de impedir el acceso a la zona «no puede ser una solución definitiva», pues los animales silvestres y domésticos entran y salen «llevándose adheridas partículas de plutonio». Por otro lado, según advierten, el plutonio se está transformando en americio, «que es mucho más radiactivo, con el consiguiente aumento del peligro de contaminación».
Una contaminación que excede a la de Chernobyl
El colectivo ecologista hace referencia en este punto al resultado del trabajo realizado a finales de 2014 por un equipo de científicos en colaboración con la emisora de TV alemana ZDF, en el que analizaron las tierras próximas al cementerio y obtuvieron una medida de 16 millones de becquerelios por metro cuadrado, «cuando en Chernobyl no se supera la medida de un millón de becquerelios por metro cuadrado, excepto en el edifico del reactor». «En las tierras donde los científicos alemanes tomaron las mediciones se pueden observar restos de tuberías de riego por goteo», ahonda.
Critica asimismo que el Gobierno que preside Mariano Rajoy esté utilizando «como pretexto» para no limpiar la zona que en España no hay un cementerio nuclear legalmente apto para almacenar esos residuos, y que deben ser trasladados a los EEUU «pero los norteamericanos no lo aceptan».
«Lo cierto —sostiene E.A.— es que al haber explotado la burbuja inmobiliaria ya no les interesa limpiar los terrenos porque no se van a urbanizar a corto plazo, aunque el Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense (POTLA) sigue clasificando los terrenos radiactivos como urbanizables o de uso agrícola».
Al hilo de esto, considera que si el Gobierno «tuviera interés en limpiar la zona podría meter el plutonio en contenedores y llevarlo a un cementerio nuclear», ya que, según subrayan, «no es necesario trasladarlo a Estados Unidos, hay muchos cementerios alternativos fuera de España».
Últimas actuaciones
El Gobierno instó por última vez hace justo un año a Estados Unidos a dar una «solución», según indico en una respuesta parlamentaria a la oposición en la que se recordaba que, tal y como anunció en 2012 el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, le había prometido que «pronto» tendría «buenas noticias» sobre esta cuestión.
El jefe de la Diplomacia española reveló también en esas fechas que en EEUU existía un cierto temor a que la limpieza de Palomares pudiese constituir un precedente que motivase reclamaciones similares por parte de otros países.
El ejecutivo admitía entonces que Clinton adquirió su «compromiso personal» de dar «pronto buenas noticias» sobre tema el 4 de febrero de 2012, pero que, «la dinámica electoral estadounidense» y la decisión de Clinton de no continuar en el cargo «dificultaron la toma de una decisión definitiva por parte de la Administración estadounidense».
La primera de las alertas sobre la situación de Palomares la dio en el año 1999 Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), que comunicó al Gobierno la necesidad urgente de impedir que se siguieran removiendo tierras radiactivas para uso agrícola o urbanístico por el enorme peligro que suponía para la salud pública.
A pesar de esas graves advertencias, no se adoptó ninguna medida para impedirlo hasta que varios años después se aprobó el Plan de Vigilancia Radiológica aún vigente, que facultaba al CIEMAT a cercar los terrenos, además de ofrecer revisiones anuales a los vecinos.
«Evitar la exposición radiactiva de Palomares exige actuaciones de limpieza y descontaminación ineludibles, y el Gobierno no puede eludir su responsabilidad para proteger a la población», indica el colectivo, que ha colgado la petición en la plataforma www.change.org coincidiendo con el cuadragésimo noveno aniversario del siniestro, que tendrá lugar este sábado.
Según remarca la organización, la «mayor parte» del plutonio radiactivo procedente de las bombas atómicas «continúa esparcido por la zona», excepto el «tres por ciento que se llevaron los norteamericanos en 1966», y señala que, tras «comprobar la falta de interés del Gobierno» por esta cuestión, ha decidido iniciar acciones legales para exigir que se cumpla la normativa nacional e internacional sobre almacenamiento de material radiactivo.
«No es legalmente posible mantener al aire libre medio kilo de Plutonio al alcance de cualquiera, y ya nos hemos mantenido expectantes durante estos años ante las falsas esperanzas de traslado del plutonio a EEUU, mientras que un informe del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) enviado al Congreso de los Diputados habla de peligro para la salud pública el permitir el uso agrícola o urbanístico en las tierras contaminadas, que no fueron cercadas hasta años después».
Para Ecologistas en Acción, la medida de impedir el acceso a la zona «no puede ser una solución definitiva», pues los animales silvestres y domésticos entran y salen «llevándose adheridas partículas de plutonio». Por otro lado, según advierten, el plutonio se está transformando en americio, «que es mucho más radiactivo, con el consiguiente aumento del peligro de contaminación».
Una contaminación que excede a la de Chernobyl
El colectivo ecologista hace referencia en este punto al resultado del trabajo realizado a finales de 2014 por un equipo de científicos en colaboración con la emisora de TV alemana ZDF, en el que analizaron las tierras próximas al cementerio y obtuvieron una medida de 16 millones de becquerelios por metro cuadrado, «cuando en Chernobyl no se supera la medida de un millón de becquerelios por metro cuadrado, excepto en el edifico del reactor». «En las tierras donde los científicos alemanes tomaron las mediciones se pueden observar restos de tuberías de riego por goteo», ahonda.
Critica asimismo que el Gobierno que preside Mariano Rajoy esté utilizando «como pretexto» para no limpiar la zona que en España no hay un cementerio nuclear legalmente apto para almacenar esos residuos, y que deben ser trasladados a los EEUU «pero los norteamericanos no lo aceptan».
«Lo cierto —sostiene E.A.— es que al haber explotado la burbuja inmobiliaria ya no les interesa limpiar los terrenos porque no se van a urbanizar a corto plazo, aunque el Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense (POTLA) sigue clasificando los terrenos radiactivos como urbanizables o de uso agrícola».
Al hilo de esto, considera que si el Gobierno «tuviera interés en limpiar la zona podría meter el plutonio en contenedores y llevarlo a un cementerio nuclear», ya que, según subrayan, «no es necesario trasladarlo a Estados Unidos, hay muchos cementerios alternativos fuera de España».
Últimas actuaciones
El Gobierno instó por última vez hace justo un año a Estados Unidos a dar una «solución», según indico en una respuesta parlamentaria a la oposición en la que se recordaba que, tal y como anunció en 2012 el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, le había prometido que «pronto» tendría «buenas noticias» sobre esta cuestión.
El jefe de la Diplomacia española reveló también en esas fechas que en EEUU existía un cierto temor a que la limpieza de Palomares pudiese constituir un precedente que motivase reclamaciones similares por parte de otros países.
El ejecutivo admitía entonces que Clinton adquirió su «compromiso personal» de dar «pronto buenas noticias» sobre tema el 4 de febrero de 2012, pero que, «la dinámica electoral estadounidense» y la decisión de Clinton de no continuar en el cargo «dificultaron la toma de una decisión definitiva por parte de la Administración estadounidense».
La primera de las alertas sobre la situación de Palomares la dio en el año 1999 Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), que comunicó al Gobierno la necesidad urgente de impedir que se siguieran removiendo tierras radiactivas para uso agrícola o urbanístico por el enorme peligro que suponía para la salud pública.
A pesar de esas graves advertencias, no se adoptó ninguna medida para impedirlo hasta que varios años después se aprobó el Plan de Vigilancia Radiológica aún vigente, que facultaba al CIEMAT a cercar los terrenos, además de ofrecer revisiones anuales a los vecinos.
