EDITORIAL
29·11·2014
Por más necesitado que el demandante pueda estar de ella, pedir dignidad, como pedir belleza o sabiduría, no deja de ser un acto perfectamente estéril. Un acto cuya puerilidad resulta difícilmente discutible, y que si bien puede considerarse legítimo —por cuanto tiene de ejercicio del derecho de expresión—, carece de mayor urdimbre intelectual que los deseos de paz mundial de Miss Dakota del Este.
Cualquiera que lo desee, faltaría más, puede pedir dignidad o cualquier otra virtud de la que crea carecer, y, en términos generales, puede hacerlo allá donde lo estime oportuno. Nada que objetar.
El problema, no obstante, surge cuando se emplea el término como eufemismo de dinero. Asociar la dignidad al nivel de renta es tanto como afirmar que los pobres carecen de ella; que el inmigrante que entutora tomateras en un invernadero del Poniente es menos digno que cualquier concejal; que la señora que friega escaleras por 6 euros la hora es menos digna que la diputada de Bienestar Social; que el pinche de cocina de un hotel de Mojácar es menos digno que cuantos políticos y sindicalistas viven a su costa.
El problema radica en que no es dignidad lo que reclaman —nadie puede concedérsela—, sino un dinero que otros ganan con su esfuerzo y su trabajo, y que estos colectivos «pro dignidad», lejos de pedir humildemente, exigen como un derecho.
Los manifestantes que, bajo el lema «Pan, trabajo, techo y dignidad», recorrían este sábado las calles de la capital, no reivindicaban en realidad sino el pan ajeno, el fruto del trabajo ajeno y una dignidad que nadie puede conferirles, pero que no tienen inconveniente en sustituir por una dotación económica.
Hablan de pan, como de techo, y no se refieren sino al dinero que otros deben ser obligados a entregarles para sufragar su alimentación o su vivienda, independientemente de si hacen algo o no por procurárselas.
Hablan de trabajo, pero nadie les impide hacerse autónomos y salir a la calle a buscarse el sustento. No, lo que exigen es una nómina, que otra persona les contrate independientemente de su capacidad o desempeño, y que les pague, no en función de su aportación al proceso de creación de valor, sino de su propio concepto de «dignidad».
Hablan de dignidad, y cuando lo hacen resulta muy difícil no pensar en la famosa «dignidad del cargo» que tan «dignamente» ha permitido vivir a tanta gente en este país a costa de los no tan dignos.
Nada hay de malo en querer prosperar, al contrario, en esta provincia hay personas que trabajan 14 horas al día para conseguirlo: taxistas, agricultores, ganaderos, hosteleros, pequeños y grandes empresarios, trabajadores por cuenta ajena, autónomos de todo tipo y fortuna... No, lo verdaderamente indigno es querer hacerlo a costa del esfuerzo de todos ellos.
Cualquiera que lo desee, faltaría más, puede pedir dignidad o cualquier otra virtud de la que crea carecer, y, en términos generales, puede hacerlo allá donde lo estime oportuno. Nada que objetar.
El problema, no obstante, surge cuando se emplea el término como eufemismo de dinero. Asociar la dignidad al nivel de renta es tanto como afirmar que los pobres carecen de ella; que el inmigrante que entutora tomateras en un invernadero del Poniente es menos digno que cualquier concejal; que la señora que friega escaleras por 6 euros la hora es menos digna que la diputada de Bienestar Social; que el pinche de cocina de un hotel de Mojácar es menos digno que cuantos políticos y sindicalistas viven a su costa.
El problema radica en que no es dignidad lo que reclaman —nadie puede concedérsela—, sino un dinero que otros ganan con su esfuerzo y su trabajo, y que estos colectivos «pro dignidad», lejos de pedir humildemente, exigen como un derecho.
Los manifestantes que, bajo el lema «Pan, trabajo, techo y dignidad», recorrían este sábado las calles de la capital, no reivindicaban en realidad sino el pan ajeno, el fruto del trabajo ajeno y una dignidad que nadie puede conferirles, pero que no tienen inconveniente en sustituir por una dotación económica.
Hablan de pan, como de techo, y no se refieren sino al dinero que otros deben ser obligados a entregarles para sufragar su alimentación o su vivienda, independientemente de si hacen algo o no por procurárselas.
Hablan de trabajo, pero nadie les impide hacerse autónomos y salir a la calle a buscarse el sustento. No, lo que exigen es una nómina, que otra persona les contrate independientemente de su capacidad o desempeño, y que les pague, no en función de su aportación al proceso de creación de valor, sino de su propio concepto de «dignidad».
Hablan de dignidad, y cuando lo hacen resulta muy difícil no pensar en la famosa «dignidad del cargo» que tan «dignamente» ha permitido vivir a tanta gente en este país a costa de los no tan dignos.
Nada hay de malo en querer prosperar, al contrario, en esta provincia hay personas que trabajan 14 horas al día para conseguirlo: taxistas, agricultores, ganaderos, hosteleros, pequeños y grandes empresarios, trabajadores por cuenta ajena, autónomos de todo tipo y fortuna... No, lo verdaderamente indigno es querer hacerlo a costa del esfuerzo de todos ellos.
