JESÚS MUÑOZ
22·12·2014
A principios de año pasaba sin pena ni gloria una noticia sobre la salida a venta de distintos edificios de propiedad pública gestionados por la Junta de Andalucía. Esta institución pública ponía a la venta varios edificios de uso administrativo para conseguir liquidez a corto plazo. La jugada era la siguiente, la Junta de Andalucía vendía los inmuebles con la condición de que el comprador se lo realquilara nuevamente para seguir dándole uso. Esta esperpéntica operación se culminó a principios de mes cuando la Junta anunció que vendía 5 edificios —algunos de ellos recientemente construidos o rehabilitados— a un fondo de inversiones americano —dentro de una operación mayor a nivel autonómico—. La operación a nivel almeriense sería la venta de las actuales sedes de Sanidad, Servicios Sociales, IAJ, Hacienda y Empleo por un total de 20 millones de euros. Por la continuación de uso de dichas sedes la institución andaluza pagará durante 20 años 1,45 millones anuales. Es decir el coste será de 29 millones de euros a la finalización del contrato y la pérdida de la propiedad.
Reconozco que me cuesta entender el beneficio público que generan estos números. La excusa es la continuación de políticas sociales mediante la liberación de capital pero este motivo no justifica cualquier medida y más si es posible meter la tijera en otras partidas de la institución autonómica sin que eso conlleve una descapitalización de los bienes propiedad de todos los almerienses. Canal Sur, decenas de fundaciones y organismos de dudosa utilidad, dietas y privilegios políticos, propaganda en medios de comunicación privados, eventos y fastos públicos sin interés general, subvenciones de carácter «político», etc. Incluso solares e inmuebles sin uso actual. A veces no es necesario ser un gran estadista para reducir el gasto público de una forma mucho más coherente y eficiente.
Esta compraventa supone un ataque directo a los bienes públicos —más extraño aún al venir de un gobierno que se supone progresista y por tanto defensor de la propiedad pública—. Estos bienes son eso, públicos, y no privativos de una institución o unas personas que hoy están y mañana pueden no estarlo. Sin embargo, esta operación será para siempre. ¿Qué pasará si dentro de veinte años —o de cinco— un representante del gobierno decide que las sedes institucionales deben ser en propiedad? ¿Volveremos a comprar con dinero público otros edificios y volveremos a readaptarlos para uso administrativo? Puede entender que una institución se deshaga de alquileres y terrenos o edificios sin uso pero cuesta ver el beneficio de este tipo de operaciones que hipotecan nuestro futuro con arrendamientos. Jamás, sin un consenso mayoritario, un político debería poder realizar una operación de este tipo en la que se desembaracen de capitales que no son suyos sino que todos los ciudadanos. Siendo estos ciudadanos los que hemos decido que los usen para su trabajo de representación y de prestación de servicios. Debemos desterrar de una vez este neofeudalismo en el cual los políticos piensan que las instituciones que gobiernan pueden ser manejadas por su libre arbitrio y poner coto a la libre disposición de la cual muchas veces hacen gala.
Reconozco que me cuesta entender el beneficio público que generan estos números. La excusa es la continuación de políticas sociales mediante la liberación de capital pero este motivo no justifica cualquier medida y más si es posible meter la tijera en otras partidas de la institución autonómica sin que eso conlleve una descapitalización de los bienes propiedad de todos los almerienses. Canal Sur, decenas de fundaciones y organismos de dudosa utilidad, dietas y privilegios políticos, propaganda en medios de comunicación privados, eventos y fastos públicos sin interés general, subvenciones de carácter «político», etc. Incluso solares e inmuebles sin uso actual. A veces no es necesario ser un gran estadista para reducir el gasto público de una forma mucho más coherente y eficiente.
Esta compraventa supone un ataque directo a los bienes públicos —más extraño aún al venir de un gobierno que se supone progresista y por tanto defensor de la propiedad pública—. Estos bienes son eso, públicos, y no privativos de una institución o unas personas que hoy están y mañana pueden no estarlo. Sin embargo, esta operación será para siempre. ¿Qué pasará si dentro de veinte años —o de cinco— un representante del gobierno decide que las sedes institucionales deben ser en propiedad? ¿Volveremos a comprar con dinero público otros edificios y volveremos a readaptarlos para uso administrativo? Puede entender que una institución se deshaga de alquileres y terrenos o edificios sin uso pero cuesta ver el beneficio de este tipo de operaciones que hipotecan nuestro futuro con arrendamientos. Jamás, sin un consenso mayoritario, un político debería poder realizar una operación de este tipo en la que se desembaracen de capitales que no son suyos sino que todos los ciudadanos. Siendo estos ciudadanos los que hemos decido que los usen para su trabajo de representación y de prestación de servicios. Debemos desterrar de una vez este neofeudalismo en el cual los políticos piensan que las instituciones que gobiernan pueden ser manejadas por su libre arbitrio y poner coto a la libre disposición de la cual muchas veces hacen gala.
Jesús Muñoz es licenciado en Ciencias Económicas y presidente de la asociación cultural reivindicativa Acción por Almería
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