EDITORIAL
10·12·2014
No es una conclusión que muchos ciudadanos se atrevan a expresar en voz alta. Tampoco es un desenlace deseado por el conjunto de nuestra bienintencionada ciudadanía, se trata simplemente de un mal necesario: el denominado Estado del bienestar bien vale la vida de un puñado de subsaharianos harapientos.
El inmigrante es un competidor por los servicios públicos, su situación económica le otorga preferencia sobre el común de los españoles en un sistema de mutualización forzosa y afán redistributivo como el nuestro. El inmigrante convierte además, y de un plumazo, al español pobre en clase media, al de clase media en media-alta, y al de media-alta en rico; y eso resulta francamente desagradable en un país en el que se penaliza tanto el enriquecimiento, aún cuando se produzca únicamente en términos relativos.
Por si ello no bastase para convertirlo en un ser odioso, el inmigrante entra a competir por los empleos de menor cualificación y salario, que son los ocupados por los mayores consumidores de ayudas y servicios públicos.
Llama la atención, no obstante, que la tan frecuentemente proclamada solidaridad de los más solidarios de nuestros compatriotas termine en una valla metálica con cuchillas y guardias armados, pero es preciso comprender que los pobres del otro lado son demasiado pobres, y que el de la redistribución de la riqueza deja de ser un concepto simpático cuando uno adquiere la certeza de que saldrá perdiendo en el reparto.
La libre circulación de personas no es compatible con el Estado del bienestar cuando esas personas son pobres, y, ante semejante disyuntiva, es preferible dejar que el Mediterráneo se encargue de ellas a poner en riesgo el statu quo.
Cierto es que también podría autorizárseles la entrada sin obligar al contribuyente a sufragar sus servicios, permitiéndoles dedicar el dinero que ahora entregan al patrón de la patera, por ejemplo, a la contratación de un seguro de salud privado, pero ello resultaría sin duda más inhumano que permitirles sangrar en las concertinas o perecer ahogados en el mar.
Por otra parte, y en ausencia de determinados servicios públicos, resultaría complicado exigir a esos inmigrantes el pago de unos impuestos similares a los que soportamos el resto de ciudadanos, generando una situación de agravio difícilmente sostenible: los inmigrantes disfrutarían de más renta disponible y mayor libertad a la hora de gestionar sus propias vidas —sanidad, educación, jubilación, etcétera— que el resto de la ciudadanía, favoreciendo el desarrollo de iniciativas privadas que diesen respuesta a esa nueva demanda.
Ni que decir tiene, en semejante escenario el actual sistema de servicios de suscripción obligatoria y gestión político-funcionarial tendría los días contados, y con él, gran parte de la estructura político-administrativa que sustenta. Todo aquel que se sintiese perjudicado —normalmente, aquellos más productivos— por el llamado Estado del bienestar podría reclamar el trato fiscal de los inmigrantes. Varios millones de personas que disfrutan de condiciones laborales privilegiadas en la Administración o sus aledaños —gran parte del funcionariado, empleados y directivos de empresas públicas, asesores de diversa índole y pelaje, contratistas privilegiados…— se verían obligados a ganarse el sustento ofreciendo bienes y servicios demandados por sus semejantes… Sería desastroso.
No, no es una conclusión agradable, pero no hay otra: los inmigrantes deben morir para salvaguardar el sistema. El Estado social requiere del sacrificio de los más capaces y de la exclusión de los más desfavorecidos, y si estos prefieren arriesgar sus vidas en el mar a continuar viviendo míseramente en sus países de origen, allá ellos... Siempre será más cómodo llorarlos que permitirles prosperar.
Los inmigrantes deben morir… y lo hacen. D.E.P.
El inmigrante es un competidor por los servicios públicos, su situación económica le otorga preferencia sobre el común de los españoles en un sistema de mutualización forzosa y afán redistributivo como el nuestro. El inmigrante convierte además, y de un plumazo, al español pobre en clase media, al de clase media en media-alta, y al de media-alta en rico; y eso resulta francamente desagradable en un país en el que se penaliza tanto el enriquecimiento, aún cuando se produzca únicamente en términos relativos.
Por si ello no bastase para convertirlo en un ser odioso, el inmigrante entra a competir por los empleos de menor cualificación y salario, que son los ocupados por los mayores consumidores de ayudas y servicios públicos.
Llama la atención, no obstante, que la tan frecuentemente proclamada solidaridad de los más solidarios de nuestros compatriotas termine en una valla metálica con cuchillas y guardias armados, pero es preciso comprender que los pobres del otro lado son demasiado pobres, y que el de la redistribución de la riqueza deja de ser un concepto simpático cuando uno adquiere la certeza de que saldrá perdiendo en el reparto.
La libre circulación de personas no es compatible con el Estado del bienestar cuando esas personas son pobres, y, ante semejante disyuntiva, es preferible dejar que el Mediterráneo se encargue de ellas a poner en riesgo el statu quo.
Cierto es que también podría autorizárseles la entrada sin obligar al contribuyente a sufragar sus servicios, permitiéndoles dedicar el dinero que ahora entregan al patrón de la patera, por ejemplo, a la contratación de un seguro de salud privado, pero ello resultaría sin duda más inhumano que permitirles sangrar en las concertinas o perecer ahogados en el mar.
Por otra parte, y en ausencia de determinados servicios públicos, resultaría complicado exigir a esos inmigrantes el pago de unos impuestos similares a los que soportamos el resto de ciudadanos, generando una situación de agravio difícilmente sostenible: los inmigrantes disfrutarían de más renta disponible y mayor libertad a la hora de gestionar sus propias vidas —sanidad, educación, jubilación, etcétera— que el resto de la ciudadanía, favoreciendo el desarrollo de iniciativas privadas que diesen respuesta a esa nueva demanda.
Ni que decir tiene, en semejante escenario el actual sistema de servicios de suscripción obligatoria y gestión político-funcionarial tendría los días contados, y con él, gran parte de la estructura político-administrativa que sustenta. Todo aquel que se sintiese perjudicado —normalmente, aquellos más productivos— por el llamado Estado del bienestar podría reclamar el trato fiscal de los inmigrantes. Varios millones de personas que disfrutan de condiciones laborales privilegiadas en la Administración o sus aledaños —gran parte del funcionariado, empleados y directivos de empresas públicas, asesores de diversa índole y pelaje, contratistas privilegiados…— se verían obligados a ganarse el sustento ofreciendo bienes y servicios demandados por sus semejantes… Sería desastroso.
No, no es una conclusión agradable, pero no hay otra: los inmigrantes deben morir para salvaguardar el sistema. El Estado social requiere del sacrificio de los más capaces y de la exclusión de los más desfavorecidos, y si estos prefieren arriesgar sus vidas en el mar a continuar viviendo míseramente en sus países de origen, allá ellos... Siempre será más cómodo llorarlos que permitirles prosperar.
Los inmigrantes deben morir… y lo hacen. D.E.P.
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