No obstante, la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía continuará buscando restos de represaliados de la Guerra Civil en Almería
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| Imagen: Europa Press |
EUROPA PRESS / 03·12·2014
La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Memoria Democrática, ha decidido paralizar temporalmente los trabajos de exhumación en el cementerio de San José de la capital almeriense, donde se buscaba a unos seis represaliados de la Guerra Civil y la posguerra, al no haber hallado restos de ellos tras la apertura de las primeras sepulturas.
Así lo ha confirmado el arqueólogo Juan Luis Castro, quien este martes mantuvo una reunión con responsables del Gobierno andaluz y algunos de los familiares después de que, tras el descubrimiento de los tres primeros cuerpos en dos tumbas distintas, no se apreciara la muerte por herida de bala en ninguno de ellos —en su mayoría, obedece a distintas enfermedades—.
Castro ha señalado que ante los indicios se consiguió dar con un nuevo testimonio, el de un sepulturero que ha trabajado durante 45 años en el camposanto almeriense, quien ha explicado que durante su etapa como enterrador ha asistido al menos en tres ocasiones a la apertura de fosas en el suelo, por lo que durante este tiempo se ha sacado y enterrado nuevos cuerpos donde se ubican las fosas excavadas.
En este sentido, el equipo ha decidido buscar nuevos testimonios y remitirse de nuevo a los archivos para tratar de hallar pistas sobre el paradero que se dio a los cuerpos que fueron sacados de las sepulturas. «Ha sido muy duro para las familias descubrir que los cuerpos de sus familiares no están donde creían», ha manifestado el arqueólogo, quien pese a todo mantendrá los trabajos al menos hasta el viernes.
Así, ha señalado su interés en acceder al menos a una tumba más, la que albergaría los restos de Martín Márquez. Aunque esta fue la primera sepultura a que se excavó, el equipo decidió suspender los trabajos en la misma a la espera de poder recalcular las coordenadas sobre la ubicación a fin de precisar el lugar donde se encontraría el cuerpo.
«Un escándalo y una vergüenza»
El portavoz del Ayuntamiento de Almería y concejal de Salud y Consumo, Carlos Sánchez (PP), ha tildado de «chapuza» las actuaciones, y ha calificado de «poco profesional» el trabajo realizado en el camposanto almeriense al haberse actuado con «datos equivocados», a tenor de los resultados. En este sentido, ha criticado la falta un estudio más «serio» por parte de la Junta, que, en lugar de ello, «se ha apoyado en los datos de las asociaciones».
«No se puede hacer un proyecto como este así, y menos después de otras experiencias como las vividas en Granada», ha reprochado el edil, quien además ha recriminado a la Administración autonómica que aún no se ha haya puesto en contacto con el Consistorio para informar del proceso iniciado hace dos semanas, pese a las llamadas efectuadas a la Consejería de Vicepresidencia.
El edil ha considerado que esta experiencia «al final ha dado la razón al Ayuntamiento», al que, según ha recordado, se acusó de querer «retrasar el proceso» y «poner pegas» antes de las excavaciones. «Se tenía que haber recurrido al archivo histórico y al archivo militar. Esto ha sido muy poco profesional y alguien debe responder», ha añadido.
Sánchez también se ha preguntado qué va a ocurrir con los cuerpos que han sido extraídos hasta el momento y que no se corresponden con los de ningún represaliado, pese a lo que «ya se han hecho fotos con ellos y con las banderas republicanas». En este línea, se ha referido también a las sospechas mostradas por Francisco Ortega, hijo de uno de los represaliados, quien al inicio de los trabajos se mostró más escéptico a dar con los restos mortales.
Con esto, ha rechazado que se pueda responsabilizar al Ayuntamiento por el estado en el que se encuentra el cementerio, en relación a las sospechas de que el subsuelo fuera «limpiado» en al menos dos ocasiones según el testimonio del antiguo sepulturero. «¿La culpa de que el proyecto sea erróneo es del Ayuntamiento, que no ha participado en su elaboración?», se ha cuestionado antes de plantearse si hay que «dar por hecho» que estos «movimientos de tierra» son «ciertos».
«A lo mejor directamente se han equivocado y no hubo movimientos de tierra», ha apuntado Sánchez, quien ha añadido que su formación, a través de los diputados autonómicos andaluces, llevarán esta cuestión al Parlamento de Andalucía para que se aclare la actuación, los costes de la misma y si se prevé continuar con los trabajos iniciados por «justicia social».
Para el edil, la Junta «ha dejado en la estacada a las familias», «no se ha hecho justicia», y lo único que han conseguido es «tener unos cuerpos que no saben a quién pertenecen». «Es un escándalo y una vergüenza», ha recalcado el concejal.
La Junta encargará un informe
El portavoz de la Oficina de Vicepresidencia de la Junta de Andalucía en Almería, Rafael Salazar, ha indicado que se ha encargado un informe a los arqueólogos que trabajan en el cementerio para averiguar si se puede o no seguir con los trabajos de exhumación.
Salazar ha explicado que hasta el momento, según los datos aportados por el equipo de especialistas, los restos encontrados se corresponden con personas fallecidas en la década de los 60, entre las que se encuentran varios cuerpos de bebés y menores; si bien ha señalado su interés en «no suspender» definitivamente los trabajos hasta estar seguros de las posibilidades con las que cuentan para dar con los restos reclamados.
El responsable de la Junta ha indicado que por ahora se cuenta con «indicios» que «hacen suponer» que los cuerpos que se buscan fueron exhumados y llevados a un osario, donde se habrían mezclado con restos de otras personas y de otras épocas, lo que haría «imposible» la localización de los represaliados.
No obstante, ha asegurado que el haber actuado de esta forma supondría un comportamiento «extrañísimo» del que, por el momento, no se ha obtenido constancia documental, aunque sí el testimonio del anterior sepulturero. En esta línea, se prevé mantener una reunión con un experto a fin de que arroje luz sobre qué pudo haber pasado con las fosas.
«Da la impresión de que se ha seguido una práctica por antiguos responsables municipales de hacer agujeros para cambiar los huesos de unos por los de otros», ha interpretado Salazar, quien ha mostrado el interés de Gobierno andaluz por documentar la actuación para trasladarla a los familiares e historiadores.
En este sentido, ha puntualizado que los arqueólogos finalizarán las excavaciones en las fosas abiertas correspondientes a las coordenadas de Torcuato Ortega y Francisco Alcaraz y de Sebastián García, con lo que de momento no prevé abrir una tercera, ya que podría suponer un «gasto innecesario» en caso de que las sospechas iniciales sean confirmadas.
Los descendientes no se dan por vencidos
Los descendientes de las víctimas han asegurado que «no van a parar» hasta dar con los restos que reclaman o, en su caso, que se haga un reconocimiento «justo» de estos «asesinatos».
Pese a la situación, Manuela y Ana Márquez, nietas del último alcalde republicano de Cuevas del Almanzora, Martín Márquez, han mostrado su interés en que la búsqueda continúe y que se realice una excavación sobre el punto en el que, según los cálculos del actual equipo técnico, se hallaría la sepultura de su abuelo.
«Tenemos todo el derecho del mundo a saber donde se encuentra nuestro abuelo», ha reclamado Manuela Márquez, quien ha anunciado que volverá a solicitar que se ejecuten trabajos en la zona referida por los arqueólogos para descartar definitivamente que el cuerpo de su abuelo paterno se encuentra allí.
Por su parte, Francisco Ortega, hijo del alcalde republicano de Gádor, Torcuato Ortega, y presidente de la asociación Memoria y libertad, ha asegurado no tener «constancia» de que el subsuelo del cementerio se hubiera «removido», aunque sostiene la existencia de «indicios» por los comentarios que ha escuchado desde pequeño.
«Nuestros socios querían que tiráramos hacia delante pese a todo. Hemos hecho lo que todo lo que teníamos que hacer», ha justificado, al tiempo que ha defendido el trabajo realizado por las asociaciones memorialistas en la redacción del proyecto, de cuyo fracaso culpa a una hipotética remodelación del cementerio, cuya documentación, anuncia, va a solicitar. «Eso tuvo que tener alguna autorización. Una tumba no se puede levantar si no hay una orden», ha añadido.
De este modo, ha criticado que las actuaciones desarrolladas en el pasado no les permitan encontrar los restos. «Ahora estamos sin saber nada sobre dónde están nuestros padres y sin poder recuperarlos. No entendemos cómo ha podido suceder una cosa así», ha apostillado.
Así lo ha confirmado el arqueólogo Juan Luis Castro, quien este martes mantuvo una reunión con responsables del Gobierno andaluz y algunos de los familiares después de que, tras el descubrimiento de los tres primeros cuerpos en dos tumbas distintas, no se apreciara la muerte por herida de bala en ninguno de ellos —en su mayoría, obedece a distintas enfermedades—.
Castro ha señalado que ante los indicios se consiguió dar con un nuevo testimonio, el de un sepulturero que ha trabajado durante 45 años en el camposanto almeriense, quien ha explicado que durante su etapa como enterrador ha asistido al menos en tres ocasiones a la apertura de fosas en el suelo, por lo que durante este tiempo se ha sacado y enterrado nuevos cuerpos donde se ubican las fosas excavadas.
En este sentido, el equipo ha decidido buscar nuevos testimonios y remitirse de nuevo a los archivos para tratar de hallar pistas sobre el paradero que se dio a los cuerpos que fueron sacados de las sepulturas. «Ha sido muy duro para las familias descubrir que los cuerpos de sus familiares no están donde creían», ha manifestado el arqueólogo, quien pese a todo mantendrá los trabajos al menos hasta el viernes.
Así, ha señalado su interés en acceder al menos a una tumba más, la que albergaría los restos de Martín Márquez. Aunque esta fue la primera sepultura a que se excavó, el equipo decidió suspender los trabajos en la misma a la espera de poder recalcular las coordenadas sobre la ubicación a fin de precisar el lugar donde se encontraría el cuerpo.
«Un escándalo y una vergüenza»
El portavoz del Ayuntamiento de Almería y concejal de Salud y Consumo, Carlos Sánchez (PP), ha tildado de «chapuza» las actuaciones, y ha calificado de «poco profesional» el trabajo realizado en el camposanto almeriense al haberse actuado con «datos equivocados», a tenor de los resultados. En este sentido, ha criticado la falta un estudio más «serio» por parte de la Junta, que, en lugar de ello, «se ha apoyado en los datos de las asociaciones».
«No se puede hacer un proyecto como este así, y menos después de otras experiencias como las vividas en Granada», ha reprochado el edil, quien además ha recriminado a la Administración autonómica que aún no se ha haya puesto en contacto con el Consistorio para informar del proceso iniciado hace dos semanas, pese a las llamadas efectuadas a la Consejería de Vicepresidencia.
El edil ha considerado que esta experiencia «al final ha dado la razón al Ayuntamiento», al que, según ha recordado, se acusó de querer «retrasar el proceso» y «poner pegas» antes de las excavaciones. «Se tenía que haber recurrido al archivo histórico y al archivo militar. Esto ha sido muy poco profesional y alguien debe responder», ha añadido.
Sánchez también se ha preguntado qué va a ocurrir con los cuerpos que han sido extraídos hasta el momento y que no se corresponden con los de ningún represaliado, pese a lo que «ya se han hecho fotos con ellos y con las banderas republicanas». En este línea, se ha referido también a las sospechas mostradas por Francisco Ortega, hijo de uno de los represaliados, quien al inicio de los trabajos se mostró más escéptico a dar con los restos mortales.
Con esto, ha rechazado que se pueda responsabilizar al Ayuntamiento por el estado en el que se encuentra el cementerio, en relación a las sospechas de que el subsuelo fuera «limpiado» en al menos dos ocasiones según el testimonio del antiguo sepulturero. «¿La culpa de que el proyecto sea erróneo es del Ayuntamiento, que no ha participado en su elaboración?», se ha cuestionado antes de plantearse si hay que «dar por hecho» que estos «movimientos de tierra» son «ciertos».
«A lo mejor directamente se han equivocado y no hubo movimientos de tierra», ha apuntado Sánchez, quien ha añadido que su formación, a través de los diputados autonómicos andaluces, llevarán esta cuestión al Parlamento de Andalucía para que se aclare la actuación, los costes de la misma y si se prevé continuar con los trabajos iniciados por «justicia social».
Para el edil, la Junta «ha dejado en la estacada a las familias», «no se ha hecho justicia», y lo único que han conseguido es «tener unos cuerpos que no saben a quién pertenecen». «Es un escándalo y una vergüenza», ha recalcado el concejal.
La Junta encargará un informe
El portavoz de la Oficina de Vicepresidencia de la Junta de Andalucía en Almería, Rafael Salazar, ha indicado que se ha encargado un informe a los arqueólogos que trabajan en el cementerio para averiguar si se puede o no seguir con los trabajos de exhumación.
Salazar ha explicado que hasta el momento, según los datos aportados por el equipo de especialistas, los restos encontrados se corresponden con personas fallecidas en la década de los 60, entre las que se encuentran varios cuerpos de bebés y menores; si bien ha señalado su interés en «no suspender» definitivamente los trabajos hasta estar seguros de las posibilidades con las que cuentan para dar con los restos reclamados.
El responsable de la Junta ha indicado que por ahora se cuenta con «indicios» que «hacen suponer» que los cuerpos que se buscan fueron exhumados y llevados a un osario, donde se habrían mezclado con restos de otras personas y de otras épocas, lo que haría «imposible» la localización de los represaliados.
No obstante, ha asegurado que el haber actuado de esta forma supondría un comportamiento «extrañísimo» del que, por el momento, no se ha obtenido constancia documental, aunque sí el testimonio del anterior sepulturero. En esta línea, se prevé mantener una reunión con un experto a fin de que arroje luz sobre qué pudo haber pasado con las fosas.
«Da la impresión de que se ha seguido una práctica por antiguos responsables municipales de hacer agujeros para cambiar los huesos de unos por los de otros», ha interpretado Salazar, quien ha mostrado el interés de Gobierno andaluz por documentar la actuación para trasladarla a los familiares e historiadores.
En este sentido, ha puntualizado que los arqueólogos finalizarán las excavaciones en las fosas abiertas correspondientes a las coordenadas de Torcuato Ortega y Francisco Alcaraz y de Sebastián García, con lo que de momento no prevé abrir una tercera, ya que podría suponer un «gasto innecesario» en caso de que las sospechas iniciales sean confirmadas.
Los descendientes no se dan por vencidos
Los descendientes de las víctimas han asegurado que «no van a parar» hasta dar con los restos que reclaman o, en su caso, que se haga un reconocimiento «justo» de estos «asesinatos».
Pese a la situación, Manuela y Ana Márquez, nietas del último alcalde republicano de Cuevas del Almanzora, Martín Márquez, han mostrado su interés en que la búsqueda continúe y que se realice una excavación sobre el punto en el que, según los cálculos del actual equipo técnico, se hallaría la sepultura de su abuelo.
«Tenemos todo el derecho del mundo a saber donde se encuentra nuestro abuelo», ha reclamado Manuela Márquez, quien ha anunciado que volverá a solicitar que se ejecuten trabajos en la zona referida por los arqueólogos para descartar definitivamente que el cuerpo de su abuelo paterno se encuentra allí.
Por su parte, Francisco Ortega, hijo del alcalde republicano de Gádor, Torcuato Ortega, y presidente de la asociación Memoria y libertad, ha asegurado no tener «constancia» de que el subsuelo del cementerio se hubiera «removido», aunque sostiene la existencia de «indicios» por los comentarios que ha escuchado desde pequeño.
«Nuestros socios querían que tiráramos hacia delante pese a todo. Hemos hecho lo que todo lo que teníamos que hacer», ha justificado, al tiempo que ha defendido el trabajo realizado por las asociaciones memorialistas en la redacción del proyecto, de cuyo fracaso culpa a una hipotética remodelación del cementerio, cuya documentación, anuncia, va a solicitar. «Eso tuvo que tener alguna autorización. Una tumba no se puede levantar si no hay una orden», ha añadido.
De este modo, ha criticado que las actuaciones desarrolladas en el pasado no les permitan encontrar los restos. «Ahora estamos sin saber nada sobre dónde están nuestros padres y sin poder recuperarlos. No entendemos cómo ha podido suceder una cosa así», ha apostillado.
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