RAFAEL PALACIOS VELASCO
04·02·2015
Ha pasado ya un siglo y medio desde que Frédéric Bastiat advirtiera con acierto del riesgo de fijar la mirada de manera incompleta sólo en los efectos más inmediatos y más particulares de cada elección económica. De hecho, el liberal francés distinguía al mal economista por su incapacidad para sobreponerse a la miope contemplación de los efectos visibles alzando la mirada también hasta los meramente previsibles, los más remotos en el tiempo y en el espacio, que con frecuencia son menos evidentes. Pero también habrían de definir al economista perverso cuando esa fijación selectiva no es el resultado de una inocente insolvencia intelectual sino que responde a un interés deliberado en apartar la mirada de algunos otros efectos que se prefiere silenciar. Con frecuencia, el discurso político se apoya en argumentos astutamente sesgados para defender intereses particulares.
Esto es lo que ocurre con la motivación que esgrime la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Almería para reclamar la restitución de la paga extra a los funcionarios: el objeto de su petición no es sino combatir el paro y reactivar el consumo, al menos en el sector servicios. Según su tesis, el aumento de la renta disponible de los funcionarios estimularía el gasto hostelero e impulsaría la creación de empleo, fundamentalmente terciario, de modo que la mejora salarial que beneficiaría de un modo directo a este concreto grupo de trabajadores públicos no es más que un efecto secundario que seguramente habrían de soportar con encomiable estoicismo.
La trampa argumental es múltiple, pero la estrategia propagandística subyacente en su discurso no es ineficaz, porque quien denuncia el razonamiento sindical corre el riesgo de parecer un enemigo del bien común, como si no quisiese acabar con el desempleo o se opusiese al repunte del consumo. Pero, aun así, es inevitable denunciarlo, porque este sofisma sólo muestra la cara amable de la realidad, ocultando maliciosamente la menos seductora.
Es verosímil que el incremento del poder adquisitivo de los funcionarios pudiera tener sobre el sector hostelero el positivo efecto que le predica el sindicato, pues no hay prima facie razones para negarlo, como tampoco las hay para afirmarlo. Pero aun tomando por cierto el mayor gasto de los funcionarios en el sector servicios, únicamente se estaría atendiendo al efecto más evidente de la recuperación de su paga extra: el beneficio directo de un concreto grupo de trabajadores y el beneficio indirecto de un grupo de comerciantes con los que aquellos se relacionarían. Lo que se ignora o, sospechosamente, lo que se oculta es el efecto que sobre ese sector terciario y sobre el resto de sectores podría tener el incremento de renta que disfrutarían todos los contribuyentes si no se produjese el del selecto grupo de los trabajadores públicos, porque el euro de más que podrá gastar el funcionario es el euro de menos que podrá gastar el contribuyente.
Por supuesto, es lícito que los funcionarios anhelen y pretendan recuperar una paga extra de cuyo merecimiento no puede, sin más, dudarse. Pero lo que no es legítimo es que la defensa de esta medida, como la de ninguna otra, nos induzca a poner un ojo en el efecto deseado y nos quiera obligar a mirar con el otro en dirección contraria.
Esto es lo que ocurre con la motivación que esgrime la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Almería para reclamar la restitución de la paga extra a los funcionarios: el objeto de su petición no es sino combatir el paro y reactivar el consumo, al menos en el sector servicios. Según su tesis, el aumento de la renta disponible de los funcionarios estimularía el gasto hostelero e impulsaría la creación de empleo, fundamentalmente terciario, de modo que la mejora salarial que beneficiaría de un modo directo a este concreto grupo de trabajadores públicos no es más que un efecto secundario que seguramente habrían de soportar con encomiable estoicismo.
La trampa argumental es múltiple, pero la estrategia propagandística subyacente en su discurso no es ineficaz, porque quien denuncia el razonamiento sindical corre el riesgo de parecer un enemigo del bien común, como si no quisiese acabar con el desempleo o se opusiese al repunte del consumo. Pero, aun así, es inevitable denunciarlo, porque este sofisma sólo muestra la cara amable de la realidad, ocultando maliciosamente la menos seductora.
Es verosímil que el incremento del poder adquisitivo de los funcionarios pudiera tener sobre el sector hostelero el positivo efecto que le predica el sindicato, pues no hay prima facie razones para negarlo, como tampoco las hay para afirmarlo. Pero aun tomando por cierto el mayor gasto de los funcionarios en el sector servicios, únicamente se estaría atendiendo al efecto más evidente de la recuperación de su paga extra: el beneficio directo de un concreto grupo de trabajadores y el beneficio indirecto de un grupo de comerciantes con los que aquellos se relacionarían. Lo que se ignora o, sospechosamente, lo que se oculta es el efecto que sobre ese sector terciario y sobre el resto de sectores podría tener el incremento de renta que disfrutarían todos los contribuyentes si no se produjese el del selecto grupo de los trabajadores públicos, porque el euro de más que podrá gastar el funcionario es el euro de menos que podrá gastar el contribuyente.
Por supuesto, es lícito que los funcionarios anhelen y pretendan recuperar una paga extra de cuyo merecimiento no puede, sin más, dudarse. Pero lo que no es legítimo es que la defensa de esta medida, como la de ninguna otra, nos induzca a poner un ojo en el efecto deseado y nos quiera obligar a mirar con el otro en dirección contraria.
Rafael Palacios Velasco es economista y exprofesor del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de Almería
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