Según la actual redacción del artículo 319.3 del Código Penal, estos propietarios pueden sufrir la demolición de su vivienda habitual sin garantía alguna de indemnización
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| Protesta de la asociación de afectados AUAN |
ALMERÍA HOY / 12·12·2014
El Grupo Parlamentario Socialista se ha comprometido a presentar diversas iniciativas parlamentarias para defender a los propietarios de buena fe de viviendas declaradas fuera de ordenación.
El tema ha sido abordado en una reunión mantenida este jueves por el secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, con los portavoces de Fomento del Congreso y del Senado, la portavoz de vivienda, Leire Iglesias y la diputada Gracia Fernández.
Según la actual redacción del artículo 319.3 del Código Penal estos propietarios, que adquirieron de buena fe su vivienda a promotores que actuaron al margen de la legalidad, pueden sufrir la demolición de su vivienda habitual, pese a no tener garantizada una indemnización para adquirir o alquilar otra.
En la reunión, se acordó la presentación de una enmienda en el Senado a la reforma del Código Penal, actualmente en tramitación. Dicha enmienda consistiría en la modificación del citado artículo 319.3 en el sentido de exigir una garantía de indemnización para el propietario de buena fe, y que éste no pueda ser privado de su vivienda habitual a través de la demolición, en tanto no se garantice que va a ser indemnizado por el promotor.
La enmienda contemplará asimismo modificaciones en el artículo 4 de la Ley del Suelo, e irá acompañada de diversas proposiciones no de ley.
Para Antonio Pradas, «en ningún caso se debe ver en la calle una familia que ha comprado una casa de buena fe; deben pagar los auténticos responsables que se enriquecieron con estas actuaciones y no las personas que invirtieron sus ahorros pensando que hacían una compra legal».
Mucho camino por recorrer
Las principales asociaciones de afectados, AUAN y SOHA, han recibido con optimismo el anuncio realizado por el PSOE, y ha agradecido «la celeridad» con la que «ha actuado recientemente».
En un comunicado difundido ayer tarde, el letrado de ambas asociaciones, Gerardo Vázquez, agradecía igualmente el apoyo mostrado desde otros partidos y entidades, a la vez que solicitaba su apoyo a las propuestas anunciadas por el PSOE.
Vazquez considera que aún «queda mucho camino por recorrer» hasta solucionar el problema de las demoliciones en Andalucía, pero cree que este tipo de actuaciones «podrían llegar a significar grandes zancadas en el trayecto».
«Entendemos que si se llevasen a cabo estos cambios adecuadamente podrían ser importantes para dar más seguridad al tráfico jurídico, a los compradores de bienes inmuebles, y podrían servir para fomentar la inversión extranjera y la marca España - aparte de ser de ser de justicia material», concluía.
El tema ha sido abordado en una reunión mantenida este jueves por el secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, con los portavoces de Fomento del Congreso y del Senado, la portavoz de vivienda, Leire Iglesias y la diputada Gracia Fernández.
Según la actual redacción del artículo 319.3 del Código Penal estos propietarios, que adquirieron de buena fe su vivienda a promotores que actuaron al margen de la legalidad, pueden sufrir la demolición de su vivienda habitual, pese a no tener garantizada una indemnización para adquirir o alquilar otra.
En la reunión, se acordó la presentación de una enmienda en el Senado a la reforma del Código Penal, actualmente en tramitación. Dicha enmienda consistiría en la modificación del citado artículo 319.3 en el sentido de exigir una garantía de indemnización para el propietario de buena fe, y que éste no pueda ser privado de su vivienda habitual a través de la demolición, en tanto no se garantice que va a ser indemnizado por el promotor.
La enmienda contemplará asimismo modificaciones en el artículo 4 de la Ley del Suelo, e irá acompañada de diversas proposiciones no de ley.
Para Antonio Pradas, «en ningún caso se debe ver en la calle una familia que ha comprado una casa de buena fe; deben pagar los auténticos responsables que se enriquecieron con estas actuaciones y no las personas que invirtieron sus ahorros pensando que hacían una compra legal».
Mucho camino por recorrer
Las principales asociaciones de afectados, AUAN y SOHA, han recibido con optimismo el anuncio realizado por el PSOE, y ha agradecido «la celeridad» con la que «ha actuado recientemente».
En un comunicado difundido ayer tarde, el letrado de ambas asociaciones, Gerardo Vázquez, agradecía igualmente el apoyo mostrado desde otros partidos y entidades, a la vez que solicitaba su apoyo a las propuestas anunciadas por el PSOE.
Vazquez considera que aún «queda mucho camino por recorrer» hasta solucionar el problema de las demoliciones en Andalucía, pero cree que este tipo de actuaciones «podrían llegar a significar grandes zancadas en el trayecto».
«Entendemos que si se llevasen a cabo estos cambios adecuadamente podrían ser importantes para dar más seguridad al tráfico jurídico, a los compradores de bienes inmuebles, y podrían servir para fomentar la inversión extranjera y la marca España - aparte de ser de ser de justicia material», concluía.
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