En esta ocasión, el exalcalde de Zurgena habrá de responder por la concesión de licencia sobre suelo no urbanizable para 41 viviendas en Barranco de Los Pinos y Cortijo Zurano
 |
| Imagen de archivo / EP |
EUROPA PRESS / 13·01·2015
El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha señalado para el mes de abril la vista oral contra el exalcalde de Zurgena y actual edil de Obras Públicas, Cándido Trabalón, así como contra cinco ex integrantes de la corporación local acusados de conceder licencia para la construcción de 41 viviendas unifamiliares en varias parcelas ubicadas en los parajes Barranco de Los Pinos y Cortijo Zurano.
La diligencia de ordenación fija para los días 28, 29 y 30 de abril el juicio que se ha aplazado en hasta cuatro ocasiones. La última suspensión se dictó tras la renuncia de la defensa letrada de una de las exediles el pasado mes de noviembre.
En este caso, la Fiscalía pide para el exregidor, para su exconcejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, y otros cuatro exconcejales penas de seis meses de prisión, multa de 14 meses a razón de 12 euros diarios e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de siete años. A las mismas penas se enfrenta el técnico F.S.G., quien habría emitido un informe técnico favorable «a sabiendas de su injusticia».
Junto a ellos, se sientan en el banquillo los acusados los administradores de la mercantil Promociones Las Cañaicas S.L., I.G.F. y F.M.L., a quienes se imputa un presunto delito contra la ordenación del territorio ya que, además de construir 41 viviendas presuntamente «con conocimiento» de que el suelo no era urbanizable, levantaron «otras doce edificaciones sin licencia municipal alguna que las amparase», aunque éstas no están acabadas, matiza el Ministerio Público.
Interesa para ambos penas de dos años de cárcel y multa de 24 meses a razón de 30 euros al día, así como inhabilitación especial para oficio relacionado con la construcción por tiempo de dos años.
Las 41 viviendas para las que sí se concedió permiso en una sesión plenaria del Ayuntamiento de Zurgena cuando Trabalón era alcalde, con el voto favorable de los ediles acusados «pese a tener conocimiento de que conforme a la legislación vigente estaban proyectadas en suelo no urbanizable», fueron vendidas mediante contratos privados de compraventa por I.G.F. y F.M.L. a terceras personas, en su mayoría ciudadanos de origen extranjero.
El Ministerio Público prevé interesar en la vista oral la demolición de lo edificado con indemnización a cargo de los constructores para las personas que hayan celebrado contrato de compraventa en la cuantía de la cantidad pagada. En concreto, se trata de una treintena de ciudadanos extranjeros que están personados en el procedimiento como acusación particular. También va a solicitar que sean los administradores de esta mercantil con sede en Albox quienes costeen la ejecución del derribo.
En diciembre, el Juzgado de lo Penal 3 de Almería condenó a 15 meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público a Trabalón, y a siete exediles de la corporación que votaron en pleno a favor de la concesión de una licencia para la construcción de ocho edificios de tres plantas y 202 viviendas, así como dos piscinas en la barriada de La Alfoquía. Consideró que lo hicieron «a sabiendas de su injusticia», señalando como dato «constatado y claro que se trataba de suelo no urbanizable» y que dieron el voto favorable pese al informe técnico en contra.
Cabe recordar que Trabalón, quien, según sostiene la dirección regional del PA, fue expulsado de sus filas en diciembre de 2012, está procesado en el llamado caso 'Costurero' contra la corrupción urbanística en el que se enfrenta a penas que suman 180 años de prisión y 1.050 años de inhabilitación para cargo público. Entre los otros 23 acusados están exediles de la corporación, funcionarios y promotores inmobiliarios. No obstante, de ser condenado por los 120 delitos que se le imputan, cumpliría como máximo nueve años de cárcel.
La diligencia de ordenación fija para los días 28, 29 y 30 de abril el juicio que se ha aplazado en hasta cuatro ocasiones. La última suspensión se dictó tras la renuncia de la defensa letrada de una de las exediles el pasado mes de noviembre.
En este caso, la Fiscalía pide para el exregidor, para su exconcejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, y otros cuatro exconcejales penas de seis meses de prisión, multa de 14 meses a razón de 12 euros diarios e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de siete años. A las mismas penas se enfrenta el técnico F.S.G., quien habría emitido un informe técnico favorable «a sabiendas de su injusticia».
Junto a ellos, se sientan en el banquillo los acusados los administradores de la mercantil Promociones Las Cañaicas S.L., I.G.F. y F.M.L., a quienes se imputa un presunto delito contra la ordenación del territorio ya que, además de construir 41 viviendas presuntamente «con conocimiento» de que el suelo no era urbanizable, levantaron «otras doce edificaciones sin licencia municipal alguna que las amparase», aunque éstas no están acabadas, matiza el Ministerio Público.
Interesa para ambos penas de dos años de cárcel y multa de 24 meses a razón de 30 euros al día, así como inhabilitación especial para oficio relacionado con la construcción por tiempo de dos años.
Las 41 viviendas para las que sí se concedió permiso en una sesión plenaria del Ayuntamiento de Zurgena cuando Trabalón era alcalde, con el voto favorable de los ediles acusados «pese a tener conocimiento de que conforme a la legislación vigente estaban proyectadas en suelo no urbanizable», fueron vendidas mediante contratos privados de compraventa por I.G.F. y F.M.L. a terceras personas, en su mayoría ciudadanos de origen extranjero.
El Ministerio Público prevé interesar en la vista oral la demolición de lo edificado con indemnización a cargo de los constructores para las personas que hayan celebrado contrato de compraventa en la cuantía de la cantidad pagada. En concreto, se trata de una treintena de ciudadanos extranjeros que están personados en el procedimiento como acusación particular. También va a solicitar que sean los administradores de esta mercantil con sede en Albox quienes costeen la ejecución del derribo.
En diciembre, el Juzgado de lo Penal 3 de Almería condenó a 15 meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público a Trabalón, y a siete exediles de la corporación que votaron en pleno a favor de la concesión de una licencia para la construcción de ocho edificios de tres plantas y 202 viviendas, así como dos piscinas en la barriada de La Alfoquía. Consideró que lo hicieron «a sabiendas de su injusticia», señalando como dato «constatado y claro que se trataba de suelo no urbanizable» y que dieron el voto favorable pese al informe técnico en contra.
Cabe recordar que Trabalón, quien, según sostiene la dirección regional del PA, fue expulsado de sus filas en diciembre de 2012, está procesado en el llamado caso 'Costurero' contra la corrupción urbanística en el que se enfrenta a penas que suman 180 años de prisión y 1.050 años de inhabilitación para cargo público. Entre los otros 23 acusados están exediles de la corporación, funcionarios y promotores inmobiliarios. No obstante, de ser condenado por los 120 delitos que se le imputan, cumpliría como máximo nueve años de cárcel.
No hay comentarios :
Publicar un comentario